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Durante el debate, el ecologista Arturo Escobar aseveró que se trata de un caso escandaloso porque a Salazar se le acusa de la muerte de una treintena de bebés, que por omisión fallecieron en hospitales de Chiapas bajo la gestión del ex gobernador.

Pidió que al punto de acuerdo sometido a votación se le agregara otro para que se informe cómo van las investigaciones de esta situación. “Que la CNDH informe a esta soberanía el estado que guardan las recomendaciones emitidas por la propia comisión por la muerte de 35 bebés en el hospital de Comitán, Chiapas”.

El vicecoordinador del PRD, Carlos Sotelo, presentó el punto de acuerdo original, en el cual se acusa que en Chiapas se ha construido un clima de hostigamiento y persecución de autoridades locales en contra de adversarios, críticos u opositores.

Por citar algunos ejemplos, el acoso de Walter León Montoya, Horacio Cuelbro Borrayas, Ansberto Arafat Nájera Pérez, Héctor Bautista Flores, Caralampio Gómez Hernández o Socorro del Carmen Domínguez Aguilar, ilustran el uso indebido en la procuración y administración de la justicia local.

“Es preciso señalar que a lo largo del proceso, Pablo Salazar ha denunciado diversas violaciones relacionadas a los principios de presunción de inocencia y debido proceso, así como un persistente acoso institucional por parte de autoridades chiapanecas”

Los perredistas enumeran entre esas violaciones la detención de Salazar por los supuestos delitos de peculado y asociación delictuosa entre otros, que se dio apenas un par de días después de las denuncias que hiciera ante la prensa Salazar contra Sabines.

Se dice que la averiguación previa derivó de una denuncia anónima y se integró en menos de una semana, se consignó al juez penal un expediente de 21 tomos, quien en menos de dos horas dictó la orden de aprehensión que consta de 1000 fojas.

“Ese mismo día, agentes de la procuraduría chiapaneca detuvieron al Pablo Salazar en el aeropuerto de Cancún. Los procedimientos legales posteriores al dictado de la orden de aprehensión, prácticamente impiden que el mismo día que se dicta se detenga al inculpado en otra entidad federativa, pues después del dictado hay que notificarla al ministerio público y éste al área de aprehensiones quienes se deberían avocar a la búsqueda y localización de la persona y si se encuentra en otro estado, deberán girarse los oficios de colaboración correspondientes a la Procuraduría, en este caso de Quintana Roo, para que los agentes ministeriales pudiesen detener a la persona buscada”.

“En tal sentido, es difícil que se hubiera cumplido con éstos procedimientos en una sola tarde, por lo que la detención de Pablo Salazar Mendiguchía fue prácticamente de facto y sin que se hubieran cumplido todas las formalidades del procedimiento, lo que se vio corroborado con el hecho de que en la diligencia de declaración preparatoria no se permitió a la defensa consultar la orden de aprehensión”.